La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) recurrirá la resolución judicial que declara nulo el acuerdo de incorporación de La Palma del Condado y Palos de la Frontera para la prestación del abastecimiento de agua en alta.
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Giahsa asegura que sus servicios jurídicos están analizando el fallo y que se interpondrán los recursos que correspondan en defensa de los intereses de la Mancomunidad y de los ayuntamientos implicados.
La MAS defiende la legalidad de las incorporaciones y recuerda que en abril los tribunales desestimaron el recurso presentado contra la adhesión de Cartaya.
La entidad recuerda que Bollullos, gobernado por el PSOE, ha solicitado su incorporación a la MAS en los mismos términos
Según la Mancomunidad, aquella sentencia avaló que los estatutos permiten incorporaciones parciales para determinados servicios y confirmó que el procedimiento seguido por Cartaya se ajustó a derecho.
El PSOE pide explicaciones
La nueva resolución ha provocado una reacción inmediata del PSOE. El portavoz en la entidad, Juan Antonio García, sostiene que la Justicia da la razón a los ayuntamientos socialistas que votaron en contra de las incorporaciones y afirma que ya advirtieron de que el acuerdo no se ajustaba a los estatutos de la Mancomunidad.
García considera que la sentencia abre, además, un interrogante sobre las decisiones adoptadas por la MAS con posterioridad a las adhesiones. Entre esas decisiones, el dirigente socialista sitúa el denominado ‘tarifazo’ de Giahsa y exige explicaciones al Gobierno de la MAS.
El PSOE quiere conocer si el fallo judicial afectará al ‘tarifazo’ que se aprobó tras la adhesión de los dos municipios
Aunque la resolución judicial se refiere específicamente al acuerdo de incorporación de ambos municipios y no establece, por sí misma, la nulidad de las tarifas, el PSOE reclama, en concreto, conocer si existe alguna consecuencia sobre el incremento aplicado a los usuarios.
La MAS, por su parte, insiste en que respeta las decisiones judiciales y confía en los mecanismos legales para su revisión, al tiempo que defiende que todas las incorporaciones se han tramitado con transparencia y rigor jurídico.
